Toni Strubell i Trueta


setembre 23
El caso de los “Papeles de Salamanca” como muestra de expolio documental masivo con fines represivos y continuïdad del franquismo en “democracia” 1) La aplicación del derecho de conquista y el expolio documental ejercidos por el régimen franquista Ya en plena Guerra Civil, el alto mando franquista vio la necesidad de hacer acopio de documentación y otros materiales de signo ideológico, requisado al enemigo republicano, como manera de acceder a informaciones que permitieran ejercer la represión y el dominio sobre los vencidos. El año 1937 -y a recomendación de la Gestapo, que había establecido su centro de operaciones en Valladolid- Franco encargó la creación de un organismo que acabaría conociéndose con el nombre de Delegación del Estado para la Recupearción de Documentos (DERD). Al entrar su ejército en los territorios conquistados a los republicanos, equipos de este organismo se dirigían a direcciones previamente identificadas para confiscar materiales documentales que les pudieran resultar interesantes. ¿Para qué servían estos materiales? Básicamente para el ejercicio de la represión contra los no adictos a la causa franquista. Iban a ser la fuente documental en que la policía franquista hurgaría a la búsqueda de datos que incriminaran a los que hubieran colaborado con el Gobierno de la República, una colaboración que la sinrazón totalitaria del nuevo régimen dictatorial calificaría de “desafecta” y “rebelde”, cuando en realidad había sido el propio franquismo que nacía de la rebeldía y el golpe de estado contra gobiernos (el republicano y el catalán) democráticamente elegidos. En Catalunya, concretamente, estos materiales serían requisados en múltiples sitios y almacenados provisionalmente en determinados puntos de recolección, uno de los cuales fue el propio Parlament de Catalunya. Para ello se contó con un amplio equipo de colaboradores militares en un cuerpo especialmente creado para tal fin. Los puntos saqueados por la DERD fueron las sedes del Gobierno de la Generalitat y sus consejerías, sedes de partidos, sindicatos y cooperativas, y los despachos y los propios hogares de destacados republicanos etc. Se llevaron archivos enteros e incluso bibliotecas, con la circunstancia de que a los libros en catalán se les trataba como libros delictivos por su mera existencia. Al cabo de poco tiempo, todos estos documentos y otros efectos de carácter ideológico (tampones oficiales, carnets de partido o sindicato, carteles, libros, banderas etc.) fueron trasladados a la ciudad de Salamanca donde se había habilitado un antiguo colegio como punto de almacenaje. Se sabe que de Barcelona salió como mínimo un tren entero, de once vagones, llenos todos ellos de documentos y otros materiales requisados a los republicanos. Una vez almacenados los documentos en este colegio, fueron sometidos al escrutinio de un número elevado de Guardias Civiles (hasta cien, al inicio) que con lápices rojos marcaban los nombres y hechos susceptibles de ser perseguidos. Estos datos fueron recopilados en fichas cuyos informaciones serían ampliamente usadas por los juzgados franquistas para ejercer la represión contra los republicanos, lo que conllevaría un número enorme de deteciones, ejecuciones, encarcelamientos, expropiaciones y penalizaciones de diferente índole, no sólo en la immediata post guerra sinó durante décadas. La misma labor de escrutinio de estos documentos continuó hasta los últimos años cincuenta. Para el control de la población y para los nombramientos del régimen, a este siniestro archivo policial se le pedían informes que certificaban los antecedentes de las personas hasta el mismo fin del régimen en 1975. Sería imposible calcular cuantos miles de casos de discriminación ideológica y represión directa fueron ocasionados por este organismo, que sufrió un inesperado destino al final formal del régimen de Franco. 2) El recelo ante la devolución y el no retorno de una parte sensible de los documentos expoliados da fe de la continuidad de actitudes franquistas en la democracia constitucional Acabó la dictadura formal con la muerte de Franco y lo que hubiera sido natural y democrático, no ocurrió en el caso de los Papeles de Salamanca como tampoco pasó en tantos otros frentes en la Transición. No hubo reparación a las víctimas en absoluto. Simplemente una “Amnistía” cuyo objetivo central fué assegurar la impunidad de los criminales franquistas. En el caso de los Papeles de Salamanca, los protocoles internacionales de devolución de documentación y otros materiales confiscados en tiempo de conflicto o guerra, una vez concluidos éstos -tal como mandan los cánones de la ONU y máximos organismos internacionales archiveros- brillaron por su ausencia. De acuerdo, la actividad policial en torno al depósito policial había cesado y había dejado de tener su razón de ser como archivo de la represión. Però no hubo devolución a los afectados, salvo en algún excepcional caso, ni tan siquiera fueron informados éstos de la existencia de esos materiales. Por otro lado, hay que aclarar que buena parte de la documentación ya no existía al haberse vendido para hacer pasta de papel y así financiar la misma actividad del siniestro centro en tiempos de escasez de recursos. En invierno se sabe que incluso se quemaba documentación en las estufas del centro como forma de calefacción. Al final del franquismo el centro fue cayendo en un letargo que acrecentó todavía más la negligencia que había existido para con la conservación de los archivos almacenados. Fueron pasando los años y si bien algunos pocos documentos fueron devueltos a algunos particulares (por ejemplo, a la UGT), las reclamaciones de retorno, procedentes básicamente de Catalunya, no fueron atendidas. Muchas víctimas de los expolios ignoraban por completo que sus archivos pudieran estar en un depósito en Salamanca. Al empezar la reclamación catalana, desde el mismo inicio de la “democracia”, hubo forcejeos dialécticos y una actitud de rechazo por parte de los gobiernos de UCD primero, y socialista después, hacia las peticiones. En paralelo a esto, el Ayuntamiento de Salamanca fue adoptando una actitud cada vez más beligerante contaria a la devolución sobre todo a partir de la mitad de los años novena cuando saltó la polèmica a los medios de comunicación. Hecho que nos parecería doblemente inexplicable -dada la existencia en ese momento de un alcalde socialista en la Ciudad- si no fuera por el hecho de que el papel de los socialistas se caracterizaba por una plena coincidencia con el criterio de impunidad con que se debía tratar a los franquistas y sus crímenes, a los cuales se les concedía una condición de hechos consumados que era mejor no menear “para no abrir heridas”. ¡Si una parte de sus máximos dirigentes tenían estrechos lazos familiares con los franquistas! En 2007, al tratarse la Ley de la Memoria, cuando el presidente Zapatero tuvo que nombrar dos juristas para decidir si las sentencias contra republicanos se podían anular o no, escogió al nieto de un fiscal militar especialmente sangriento de la postguerra y al hijo del último ministro del Movimiento. Resultado: aquí no se anulaba nada. Para mediados de los años 90, pues, había empezado una campaña consistente en reclamar la posesión de unos documentos cuya existencia en Salamanca había sido hasta hacía poco unversalmente ignorada tanto a nivel estatal como en dicha ciudad. En una manifestación convocada por el Ayuntamtento en 1995, el intelectual español Torrente Ballester llegó a proclamar, desde el balcón del Ayuntamiento, que los documentos eran propiedad de los salmantinos “por derecho de conquista”. Tal era la sensibilidad reinante ante los crímenes franquistas, “uno de los únicos” -como solía decir el historiador Paul Preston- “que aún se podía reparar”. Poco a poco, en ámbitos gubernamentales, había ido tomando cuerpo la idea de convertir el depósito del col·legio de San Ambrosio en un Archivo de la Guerra Civil. Pero lejos de tratarse de un archivo al uso, con un acopio razonado y sedimentado de documentos, de lo que realmente se buscava era una excusa para no devolver la documentación a sus lugares de procedència, de donde jamás debieron salir. La operación consistía en reconvertir un depósito de material confiscado en un archivo para estudiosos. Era un cínico ejercicio que permitía la continuidad del espíritu franquista y la perpetuidad del paradigma de vencedores y vencidos. Este pretendido ejercicio de apropiación indebida, con burdo pretexto archivístico, tuvo su siguiente desarrollo político en 2001-2002, durante el segundo mandato del presidente Aznar, cuando éste anunció su intención de reforzar la deriva “archivística” del Centro y no devolver un solo documento, y menos a los catalanes, que es con quien tenia casi toda la visibilidad el polémico conflicto. Era una decisión que prestaría popularidad al Partido Popular y a su líder castellanoleonés en un Estado en que la tradicional catalanofobia iba en crescendo en obediencia a la vieja y tan electoralmente productiva creación de la figura del enemigo interior. Pero en 2004 se iba a produir un hecho inesperado que iba a dar un vuelco a la situación. La sorpresiva victoria electoral socialista de 2004 (debido al rechazo popular al tratamiento governamental dado a los atenta dos yihadistas del 11M), permitió que ganaran las elecciones los socialistas. En 2005, el presidente Zapatero, con la ministra de Cultura Carmen Calvo, se vio obligado a proceder a implementar legislación para la devolución de los documentos casi setenta años después de su expolio. Con los años, a Catalunya le fue devuelta aproximadamente el 10% de lo originalmente sustraído, lo cual representava una gran parte de la documentación catalana conservada en Salamanca. La mayoría de lo recuperado ha podido ser devuelto a sus propietarios originales o a sus herederos, que es el objetivo que guiaba al Gobierno catalán y a la principal organización memorialista catalana en la campaña de devolución de los Papeles de Salamanca, la Comissió de la Dignitat, entidad popular independiente creada en 2002. A pesar de que la Ley de 2005 abría la posibilidad que otros territorios también recuperaran su documentación expoliada, este extremo no se ha producido en ningún caso. A pesar de este logro, por parte de Catalunya, la verdad es que para nada se puede hablar del proceso de devolución de documentos a Catalunya como un acto revestido de espíritu reparador y justícia democràtica por parte del Gobierno de Madrid. Para nada se puede hablar de un proceso pedagógico ni de un objetivo compartido de superación de los crímenes franquistas y de reparación a las víctimas. Las devoluciones han sido a regañadientes, la principal e inicial de las cuales fue realitzada con nocturnidad y con apagón pedagógico, y vendido a la prensa como una suerte de chantaje ejercido a los socialistas por las presiones catalanas. Ningún Gobierno del PP ha devuelto ningún documento. Cuesta creerlo, pero paralelamente, la actitud general reinante en la prensa española ha sido de rechazo, habiéndose representado la devolución como un “agravio”. Increiblemente -desde un punto de vista democrático- cuando se produjo la principal devolución de documentos a Catalunya, el Ayuntamiento de Salamanca (ya del PP) cambió el nombre de la calle salmantina donde se encuentra el archivo por el de Calle del Expolio. ¡El mundo al revés! Evidentemente, el Estado no ha procedido a hacer ningún tipo de pedagogía reconciliadora ni ningún acto de reparación pública para con las víctimas de esos expolios. Como hemos apuntado, el Gobierno español se ha mostrado súmamente incómodo y remiso a la hora de proceder a las devoluciones, las cuales han sido realizadas con cuentagotas, un extremo intolerable en un Estado que se dice democrático y que debiera de estar buscando cualquier oportunidad para reparar los daños producidos por una sangrienta dictadura anterior para reconciliarse con sus víctimas y sus herederos. La última hora del conflicto es que el último 22 de septiembre, la Comissió de la Dignitat, a través de la consellera de Cultura de la Generalitat Laura Borràs, haya tenido que pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la devolución de 43.000 documentos que por motivos arbitrarios quedaron excluidos de anteriores devoluciones sin ninguna justificación y que es conservan en el Archivo de la Memoria de Salamanca. Entre ellos hay 10.000 documentos del área de Orden Público y la documentación de 41 ayuntamientos catalanes. También se reclaman los documentos catalanes localizados en el Archivo General Militar de Ávila cuya devolución ya se reivindicó en 2015. Como denunció en su momento el excelente documental “Lesa humanidad”, en el Estado español no ha habido superación de la dictadura franquista, muchas de cuyos pilares siguen inalterados dentro de sus estructras económicas, su casta dirigente, su monarquia, sus actitudes y su realidad sociológica. España no ha hecho el paso hacia la democracia tal como los aduladores de la Transición proclaman. España se ha quedado anclado en un pasado autoritario y catalanofóbico, con un entramado jurídicopolítico que en un porcentaje significativo se siente perfectamente cómodo conviviendo con la herencia franquista. Por eso no ha castigado a los crímenes del franquismo, evolucionando el Estado hacia un régimen constitucional que, casi sin actitud censora alguna ni solución de continuidad, lo relevó. Este es el caso del asesinato de Gustau Muñoz, hecho doblemente execrable al haberse perpetrado durante la “Diada” nacional de Catalunya de 1978, ya iniciada la democracia, almenos nominalmente. Un crímen fascista más sin esclarecer, sin investigar, sin castigar. Comissió de la Dignitat 23 de setembre 2018

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