Toni Strubell i Trueta


maig 16

Expertos explican a DEIA las claves de la norma catalana y su encaje en el sistema constitucional

Míriam vázquez - Domingo, 16 de Mayo de 2010 - Actualizado a las 08:24h.

Como una tormenta a punto de descargar, y de recortar el texto autonómico. Así ha pasado a ser visto el debate judicial sobre el Estatut, norma refrendada por la sociedad catalana el 18 de junio de 2006. Una entrada en vigor que no evitó el embate de los recursos planteados por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas -Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja-. Y los cúmulos se agolpan en el Tribunal Constitucional, bloqueado entre el sector progresista y el conservador a la hora de emitir un fallo sobre una materia -autogobierno y reforma estatutaria- que se ha convertido en los últimos años en presagio infalible de truenos y debate sin fin en el Estado.

La pugna no ha logrado constreñir el desarrollo de la norma, que ha alcanzado el 75% con la aprobación de una cuarentena de leyes. Mientras tanto, la mayor parte de la clase política catalana permanece recelosa hasta la próxima semana, cuando el TC retomará las deliberaciones sobre las mismas claves de nacionalidad y autogobierno. Para desentrañarlas, DEIA ha recabado la opinión de un experto en leyes, Héctor López Bofill, y de un estudioso y conocedor de primera mano de la realidad catalana, Toni Strubell.

Entre nación y nacionalidad

La primera parada, y la que más ampollas ha levantado en el seno de los populares, se refiere al concepto de nación catalana. Si bien figura en el preámbulo -parte no normativa del Estatut y, por tanto, no recurrible en principio-, López Bofill, profesor ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de Catalunya, advierte de que ha sido esgrimido por los de Rajoy para asegurar, "bajo unas condiciones muy restrictivas", que esa mención tendría influencia en la interpretación del articulado. La palabra no vuelve a repetirse en el resto del texto -lo hace, acaso, con la variante de "símbolos nacionales" en el punto 8-.

Además, el primer artículo sustituye ese concepto por el de nacionalidad -término auspiciado por el segundo punto de la Constitución, y presente en otros estatutos-, y copia prácticamente la literalidad del primer punto del texto de 1979. La norma recurrida, por otra parte, menciona una apuesta por la "bilateralidad" entre Estado y Generalitat que, a pesar del rechazo del PP y de las pegas que podría traslucir el TC, ha sido rescatada en un libro por Zapatero y el president Montilla para ahondar en el autogobierno.

A juicio de López Bofill, la reforma se planteó como un instrumento de blindaje competencial, de incremento de recursos y reconocimiento simbólico, ante lo cual prevé que el TC se aferre a la "unidad de la nación española" -el mismo punto 2 de la Carta Magna estatal que, a la vez, reconoce las nacionalidades-, si bien muestra su discrepancia. "El fundamento de la sentencia consistirá en tener en cuenta que la estructura española no permite los mínimos atisbos de reconocimiento de la plurinacionalidad o de cualquier ámbito de decisión que no pueda ser intervenido desde el Estado", dice.

El escritor y filólogo Toni Strubell, autor de Hasta aquí hemos llegado. Claves para entender el hartazgo de Catalunya con España, defiende que la catalana es una de las naciones más viejas de Europa: "¡La bandera nacional catalana es cinco o seis siglos más antigua que la española! El problema es del Estado si la llamada España democrática no lo puede admitir. No conozco lugar del mundo donde nación y nacionalidad no signifiquen lo mismo".

Català: el Estatut decide

Sobre la obligatoriedad del català -y el castellano-, López Bofill explica que la Constitución, si bien establece el deber de conocer el castellano y el derecho a emplearlo -"esta obsesión no tiene precedentes en Derecho comparado"-, reconoce a renglón seguido la posibilidad de que otras lenguas puedan ser cooficiales en las CC.AA. si lo determinan sus estatutos. "De ahí se desprende que el régimen de estas lenguas depende de lo que digan los estatutos. Por tanto, si establecen que también debe haber conocimiento de la lengua cooficial, podría ser constitucional", zanja, al tiempo que teme una regresión lingüística en aspectos establecidos por el texto de 1979, como el principio del català como lengua vehicular en las escuelas.

Strubell ratifica la obligatoriedad: "¿Qué quiere el Estado español? ¿Un lugar de respeto y convivencia, o un parque temático de la destrucción de los derechos y las realidades nacionales? Si no se reconoce esta obligatoriedad, se está negando una de dos cosas: bien el derecho a la cohesión social del país, bien el reconocimiento a ese país como tal. Somos un país, y no se nos pueden negar los derechos lingüísticos. Los chinos lo hacen en Tíbet, y las democracias occidentales lo denuncian".

La Justicia, ¿monopolio estatal?

Otro de los puntos candentes hace referencia a la conformación de un Consejo de Justicia catalán, que desempeñaría las funciones del CGPJ en Catalunya, sin perjuicio de las competencias del órgano del Estado. Además, establece que el Tribunal Superior de Justicia del territorio será la última instancia judicial. Ambos postulados pueden incardinarse en el descontento exteriorizado desde diversos ámbitos con respecto a la composición de la Justicia estatal, dependiente de las mayorías parlamentarias de Madrid. Una estructura que ha redundado en dilaciones y bloqueos a la hora de su renovación, así como en el momento de emitir sentencias -no exentas de polémica muchas de ellas-. El caso del propio Estatut se erige en un ejemplo a posteriori. El TC, no obstante, parece mostrarse inflexible en ese punto, considerando que debe ser la Ley Orgánica del Poder Judicial la que dirima sobre ello.

Strubell recuerda que Catalunya "siempre tuvo su propio marco legal con su propio Derecho civil". "¿No debe poder acceder, pues, a su propio marco institucional?", recalca. Sobre la posibilidad de que los recursos tengan como última instancia las dependencias del territorio, no duda: "¿Por qué no? En Holanda, es el Tribunal Superior holandés el que tiene la última palabra. Además, las instituciones de Justicia españolas están del todo desacreditas ante el mundo, dada su escandalosa politización".

López Bofill cree que la petición caerá en saco roto: "El punto será laminado, amparándose en el principio de unidad jurisdiccional. El problema tiene sus raíces en un concepto del poder judicial anclado en el franquismo, por el que su unidad no puede discutirse. El Estado quiere retenerlo a toda costa, confirmado desde la Constitución (art.117.5)".

Bilateralidad en financiación

El texto catalán deposita en la Agencia Tributaria de Catalunya la gestión de los impuestos recaudados por la Generalitat, y establece que el Estado y el Gobierno catalán procederán a actualizar quinquenalmente el sistema. Un modelo que evoca la imagen del Concierto Económico vasco, y ante el que López Bofill augura el rechazo del TC, que ha dejado claro en su jurisprudencia -"al menos en el caso de las comunidades de régimen común"- que la financiación sólo puede ser decidida por las Cortes Generales, y no a través de una relación bilateral.

Strubell, por su parte, considera una "vergüenza" que Catalunya "no tenga derecho a un Concierto Económico, y que continúe con un régimen fiscal que pueda comportar que el 10% del PIB marche del país". "No se da en ninguna nacionalidad de ningún Estado, donde en ningún caso llega al 5%", explica, para añadir que tampoco muestra su acuerdo con los parámetros del Estatut.

Y después, ¿qué?

Al margen de la constitucionalidad o no del Estatut, uno de los aspectos más criticados pasa por que el texto, que ha sido aprobado por el Parlament -donde ya fue recortado- y por Madrid -tras nuevos retoques-, y apoyado por los catalanes en un referéndum, sea testado por la Justicia. "Lo que resulta inverosímil es que lo esté considerando un tribunal que no ha elegido nadie, por encima de lo que decidieron dos cámaras elegidas por sufragio universal. Es un esperpento que ningún demócrata entiende", lamenta Strubell. El debate, además, podría perpetuarse si el texto es recortado en materias, como la educativa, que ya han sido desarrolladas legalmente. Así lo cree López Bofill, que matiza que las leyes no podrán ser anuladas automáticamente, sino que deberían ser recurridas por un juez que entrevea tachas de inconstitucionalidad.

En todo caso, las consecuencias garantizadas son las de tipo político. Strubell considera que "Catalunya no necesita ya un Estatut". "Necesita la independencia nacional", zanja. López Bofill, por su parte, avisa de que, si se demuestra que el mínimo avance en el autogobierno no es aceptado, generará una desafección en Catalunya que se traducirá en un aumento del independentismo. "Habrá la certeza de que, dentro del Estado, Catalunya no puede alcanzar un mínimo nivel de desarrollo nacional", apunta.




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